Que 868 millones de personas sufran desnutrición no es fruto del azar sino de causas políticas y económicas concretas que hacen que, a dos años de cumplirse el plazo marcado para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio [Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron adoptados por la comunidad internacional con el fin de, entre otras cosas, reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre en el mundo hasta 2015] no podamos hablar de grandes éxitos en la reducción del hambre y la pobreza. Para la presidenta de la Coordinadora de ONGD, Mercedes Ruiz-Giménez, “es escandaloso que casi 900 millones de personas sufran desnutrición mientras continúan de manera imparable la especulación alimentaria en los mercados financieros y los abusos de poder de algunas corporaciones multinacionales del sector agroalimentario”.
Como organizaciones de la sociedad civil, exige también que la erradicación del hambre y la desnutrición sean un elemento prioritario en la revisión de los ODM. El derecho a la alimentación no es una dádiva del sistema internacional hacia las personas más vulnerables, sino un derecho humano que los Estados tienen obligación legal de garantizar.
En la consulta de alto nivel sobre hambre y seguridad alimentaria y nutricional que Naciones Unidas celebra en Madrid, también reclamarán medidas contundentes para garantizar el derecho a alimentación y la soberanía alimentaria, que pasan por una agricultura campesina basada en la agroecología y el apoyo a las mujeres, principales productoras de alimentos.
Hablar del hambre en el siglo XXI supone hablar de múltiples factores que determinan cómo se distribuyen y se garantizan los alimentos a nivel internacional. En este sentido, una de las cuestiones más preocupantes que denuncia Cáritas es el acaparamiento de tierras, una seria amenaza para la agricultura campesina y la seguridad alimentaria en millones de personas en el mundo. La Unión Europea ha expropiado 5 millones de hectáreas de África para dedicarlas al cultivo de agrocombustibles (caña de azúcar, arroz, maíz y jatrofa) con consecuencias muy preocupantes para la población local: expulsión de sus tierras, destrucción de la agricultura tradicional, escasez y encarecimiento de alimentos, incremento de hambrunas, destrucción del medio ambiente y deforestación, etc. En Senegal, por ejemplo, el 30% de la superficie cultivable (670 mil hectáreas) está en manos de empresas o estados extranjeros y de algunos altos funcionarios o empresarios senegaleses.
Otro reto urgente es acabar con la creciente especulación alimentaria en los mercados en la que intervienen entidades financieras internacionales y los grandes poderes del agronegocio –en bolsas como la de Chicago o Londres se negocian contratos sobre la producción futura de alimentos lo que genera una enorme subida en los precios. Como señala el ex relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, “especular con los alimentos es un crimen contra la humanidad que los países democráticos deben impedir”. Casi 2.000 millones de personas en el mundo (una de cada 3) utilizan más del 50% de sus ingresos para adquirir comida, por lo que los efectos de la subida de los precios alimentarios son devastadores.
Los recursos naturales más básicos se han convertido también en objeto de comercialización por parte de multinacionales que los explotan para su beneficio económico. Garantizar el acceso equitativo a recursos como la tierra, el agua y la biodiversidad es esencial para asegurar que avanzamos hacia la erradicación del hambre. En este sentido, deben establecerse regulaciones internacionales que aseguren que los bienes comunes se gestionan de forma que se garantice que la población acceda a ellos sin trabas.
Erradicar el hambre, por tanto, no es una tarea exclusiva de la política de cooperación; las políticas comerciales, medioambientales o económicas, tienen mucho que ver con el acceso a los alimentos. Por eso, asegurar que todas estas políticas son coherentes entre sí y combaten el hambre es crucial. Generar más recursos económicos para ello podría conseguirse a través de políticas fiscales justas cuyos ingresos fueran destinados a la financiación climática, entre otras cuestiones.
Todas estas propuestas no podrán llevarse a cabo si no se cuenta con un firme liderazgo político al más alto nivel; deben sumarse el mayor número de gobiernos que, por supuesto, han de cumplir sus compromisos los más allá de declaraciones y documentos. Además, la participación de la ciudadanía es absolutamente necesaria para construir y avanzar de manera conjunta. Una buena forma de hacerlo sería integrar todas las actuaciones en un nuevo marco de trabajo que, más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apueste por Objetivos Globales. También en este sentido, la Alianza Española contra la Pobreza ha propuesto a Ban Ki-Moon la creación de un comité contra la pobreza integral que trabaje a lo largo de todo el año denunciado las causas de la pobreza y el hambre y proponiendo soluciones eficaces para su erradicación.
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